Cuando el debate se centra en la moral de pocos

By Arimoore / Flickr



El 8 de marzo de 2010 fui invitada a colaborar en un suplemento que apareció en HispanicLA.com con motivo del Día de la Mujer.

Poco antes de esa colaboración acababan de ocurrir modificaciones en las constituciones de varios estados para encarcelar a las mujeres que tuvieran un aborto, así se tratara de lo que hasta ese entonces se consideraba un aborto legal en esas entidades, por ejemplo, en los casos de violación.

Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (o al menos, 4 de sus 11 magistrados) decidieron permitir que 2 estados, Baja California y San Luis Potosí, mantuvieran vigente una modificación a sus constituciones que da calidad de persona jurídica a un cigoto (es decir, desde el momento de la concepción).

Nótese, no se está hablando de que le den calidad de ser vivo, sino en términos legales, que ese cigoto por ser persona jurídica ahora deberá tener desde la concepción nombre, nacionalidad, derechos y obligaciones.

También permite, en la práctica, que quizá los estados tomen la decisión de modificar sus constituciones independientemente de lo que diga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y determinen qué es legal o no en su territorio. Como dije en Twitter, para mí son pequeñas Repúblicas Democráticas Alemanas, prácticamente, dos Estados separados jurídicamente del Estado Mexicano.

Por eso reproduzco casi exactamente (más algunos párrafos extras acordes a lo que he pensado en ese tiempo del tema) esta colaboración que creo que explica ampliamente lo que pienso al respecto. Castigar no es la solución, “protegerse” los Estados de esta forma tampoco es una solución. Si los grupos provida tanto quieren proteger la vida, que den garantías que permitan que los casos extremos en que se llegue a un aborto sean muy escasos dando todo lo necesario para que quien tenga un embarazo no deseado tenga más opciones y no llegar a extremos como el que muchas mujeres viven.

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8 de Marzo de 2010

En los últimos meses se ha visto un claro retroceso en México respecto al tratamiento que se da a las mujeres en edad reproductiva. El Estado, que se supone es un ente que debe trabajar para todos los ciudadanos, poniendo a la mano de todos los servicios necesarios para que cuenten con salud, educación, bienestar, olvidó su carácter laico en varios estados de la república y decidió, a través de sus legisladores, encarcelar a mujeres sospechosas de haber intentado un aborto.

Anteriormente la vida privada y las elecciones personales de cada mujer eran un asunto en el que el gobierno no daba excesivos derechos, pero tampoco se tomaba la atribución de castigar a quien abortaba basándose en la moral de un grupo en particular (en este caso, al parecer quien influyó fue la Iglesia Católica).

Entre 2008 y 2009, estados como Guanajuato y Veracruz optaron por perseguir y encarcelar a 133 mujeres, acusadas por médicos del Sector Salud de haber intentado un aborto.

Considero que esta elección, aunque no la tomaría en mi caso particular, tendría que ser una decisión personal y privada de cada mujer, ya que es su vida la que resultará impactada ante el hecho de tener un bebé. Sin duda este es un problema que debe resolverse no con condenas de cárcel, sino desde la raíz.

Para empezar, si tanto les preocupa a los legisladores de esos estados el que las mujeres no aborten y que los fetos lleguen a término, entonces que generen las instancias y posibilidades para que estas mujeres no vean como un callejón sin salida el hecho de tener un embarazo no deseado.

En principio de cuentas, que dejen de aplicar la moralidad a lo que en definitiva es un problema de salud pública. Por ejemplo, es válido promover en los programas de educación sexual la abstinencia, pero sin los tintes religiosos y morales que algunos pretenden añadirle.

Es increíble que sólo en papel parezca prevalecer la separación Iglesia-Estado, ya que incluso en escuelas públicas uno se encuentra con maestros y maestras que recomiendan leer a Carlos Cuauhtémoc Sánchez para “aprender lo que son valores”.

El papel de un educador o de un funcionario encargado de la salud pública sería, si acaso, hablar sobre sexualidad, explicar que la abstinencia es UNA opción con la que se pueden evitar enfermedades, problemas emocionales, embarazos a edades en las que una persona aún está lista para cuidar un bebé, etc.

También entender que, aún dando este tipo de información acerca de la abstinencia, habrá quien decida seguir adelante con su vida sexual, por lo que igualmente debe proporcionarse toda la información sobre anticonceptivos, el uso del preservativo como prevención contra enfermedades y en general, dar facilidades para la obtención de estos elementos con el fin de evitar problemas de salud y embarazos no deseados.

En el caso de las violaciones, es necesario que se endurezcan las penas contra los perpetradores de estas atrocidades, para que sean mantenidos fuera de la calle, sobre todo los reincidentes, y no otorgar derecho a fianza, ya que este es un delito que efectivamente puede destrozar la vida de una mujer víctima, que no tiene culpa de nada. También que si una mujer decide terminar un embarazo por esta razón, el darle largas al asunto y engañar para evitar un aborto legal (porque es legal en muchos estados aún) es una violación más que sufre esa mujer, una violación a sus derechos.

Para aquellas mujeres que no cuentan con recursos económicos ni siquiera para recibir atención medica durante su embarazo, instituciones oficiales como el DIF podrían mantener albergues para el cuidado de mujeres embarazadas de escasos recursos. Allí  también podrían cumplir la función de enlace entre familias que deseen adoptar y mujeres que decidan continuar con su embarazo con miras a entregar al bebe en adopción. Podrían generar una legislación y procedimientos para la cesión de patria potestad y fijar términos claros donde la madre biológica puede reconsiderar y retractarse, evitando así la posibilidad de vacíos legales y mayores letargos en este proceso, actualmente uno de los mas complicados en México.

Otra medida importante sería dar apoyo continuo a mujeres de escasos recursos que decidan quedarse con el bebé, ya que no es cosa fácil tener un hijo y darle todo lo que necesita. El apoyo podría darse en una variedad de formas: centros de nutrición, guarderías con horarios congruentes con aquellos de empresas o maquilas que manejen horarios extraordinarios, estancias infantiles para niños entre 6 y 13 años, los cuales generalmente son dejados solos en casa mientras los padres salen a trabajar; una buena variedad de escuela públicas con horario ampliados que verdaderamente apoyen a familias que no cuentan con recursos para cubrir las famosas “cuotas voluntarias” y materiales escolares.

En fin, hay tantas eficientes medidas que se pueden tomar a lo largo de la vida de un niño garantizándole así su seguridad, educación, alimentación y felicidad.

Si de verdad quieren “proteger la vida” y tanta palabrería política para quedar bien con el sector conservador y religioso de México, que garanticen la vida de un nuevo ser mientras aún no puede sostenerse por sí mismo. No hacerlo así es, en muchas ocasiones, condenar a la mujer con un bebé a apenas sobrevivir, así como generar posiblemente otra persona en condición de pobreza.

Finalmente, aunque esto es más difícil ante el clima de imposición de la moral de un grupo que parece estar imperando, que los legisladores verdaderamente consulten con la población si quieren o no permitir los abortos legales en cada estado, que no “adivinen” lo que quiere el electorado basándose en la utopía de que son representantes del pueblo.

Porque, sin duda, las mujeres que decidan realizar una interrupción del embarazo lo harán, algunas en situaciones tan insalubres que incluso morirán. ¿Eso es respeto a la vida? Lo dudo mucho.

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